El INSOR Y Minjusticia firman Convenio para Promover el Acceso a la Justicia por parte de la Población Sorda

Secretaria General del INSOR, Catalina Parra y La Asesora del Despacho de la Viceministra de Justicia, Lilia Eugenia Ortiz Durante la firma del convenio
14 de marzo de 2016, Bogotá
Con el fin de aunar esfuerzos orientados a prestar asistencia técnica para la accesibilidad de la población sorda a los programas de justicia, el Instituto Nacional para Sordos -INSOR- suscribió un convenio interadministrativo de cooperación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, enmarcado en el Proyecto de Inversión Ampliación y Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Justicia Nacional.
Este convenio permitirá a la comunidad sorda reconocer su capacidad jurídica y acceder a información y orientación sobre las rutas de acceso al sistema de justicia. Las actividades a realizar en el marco del convenio incluyen: asesoría del INSOR al Ministerio Justicia y del Derecho para ajustes de accesibilidad de sus servicios de atención al ciudadano; asesoría técnica para la accesibilidad de los contenidos de las páginas web del Ministerio y de la Red Universitaria para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad; producción de piezas audiovisuales para la consulta de los contenidos de la Guía de Atención a las Personas con Discapacidad en el Acceso a la Justicia.
Igualmente, se tiene previsto el apoyo del Instituto Nacional para Sordos -INSOR en la realización de foros sobre capacidad jurídica de personas con discapacidad en diferentes ciudades del país y jornadas de atención jurídica para personas con discapacidad en Bogotá.
Sobre este convenio la directora del INSOR, Marcela Cubides Salazar, manifestó: “Agradezco al Ministerio de Justicia por comprometerse con la garantía de los derechos de la población sorda. Con aliados como estos cumpliremos rápidamente el sueño de una paz incluyente”.
Los esfuerzos conjuntos de este convenio aportarán a lo dispuesto en la Ley 1618 de 2013, relacionado con la implementación de programas de formación y gestión para la atención de casos de violación a los derechos de las personas con discapacidad, garantía de atención y orientación a las personas con discapacidad y servicios de apoyo necesarios para garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a la justicia.
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